Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 10° de la Ley 1430 de 2010

8 02 2011

El día 11 de enero de 2011, se radicó demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra el artículo 10° de la Ley 1430 de 2010 mediante el cual se dispuso modificar los incisos 1° y 2° y adicionar dos incisos al artículo 296-1 del Estatuto Tributario, basándose principalmente en la  incongruencia del texto debatido en cada una de las sesiones del Senado de la República y Cámara de Representantes, frente al texto final que se extrajo de la Comisión de Conciliación frente a los dispuesto mediante Ley 1370 de 2009, en clara vulneración a los derechos, principios y valores del orden
constitucional de la irretroactividad de la ley tributaria, de la buena fe, confianza legítima, del derecho a la libre asociación, equidad tributaria y justicia entre otros.

La mayor inconformidad del actor radica en que una vez había sido expedida la Ley 1370 de 2009, por medio de la cual se modificó el Estatuto Tributario instituyendo nuevas reglas sobre el impuesto al patrimonio que entrarían a regir a partir del primero (1) de enero de 2011, faltando poco tiempo para su entrada en vigencia, mediante la Ley 1430 de 2010, el texto aprobado por la “Comisión de Conciliación”, modificó el régimen que se había conocido del impuesto al patrimonio y en su lugar trajo consigo nuevas reglamentaciones
que entrarían a regir a partir del primero (1) de enero de 2011, incorporando medidas sobre hechos ya acaecidos y sobre situaciones jurídicas consolidadas, que implicarían necesariamente una aplicación normativa de carácter retroactivo, lo cual está proscrito en el ordenamiento colombiano.
Con lo anterior sigue el demandante, que los contribuyentes obraron legítimamente basados en la norma existente y que a partir de la expedición de la norma demandada, surgieron nuevos elementos, tales como; quienes hayan constituido sociedades por acciones simplificadas (S.A.S) durante el 2010 o quienes hayan realizado procesos de escisión en el periodo, se encontrarían gravados con el impuesto al patrimonio traído por la Ley 1430 de 2010, aspectos que la Ley 1370 de 2009 no había considerado. Por lo anterior, según el demandante, debe considerarse como una vulneración de índole constitucional, toda vez que la nueva regulación se produjo después de que los hechos habían ocurrido basados en el imperio de otra ley.

De igual manera, hace mención el actor, por ejemplo, en relación con las sociedades que hayan efectuado procesos de escisión durante el año gravable 2010 en virtud de la Ley 1430 de 2010, que estas deberán sumar los patrimonios líquidos a enero primero (1) de 2011. Dicha disposición vulnera la presunción de buena fe establecida en el artículo 83 de la Constitución Política, toda vez que establece que “todas las escisiones” efectuadas en el año 2010, se realizaron con el propósito de evadir la carga impositiva establecida.

Del mismo modo, agrega el demandante, que ésta disposición no fue discutida por el órgano que ostenta el poder tributario en Colombia, sino que únicamente fue discutida y decidida por la “comisión de conciliación”, institución que no posee representación popular y por tanto, no tiene legitimidad tributaria en nuestro ordenamiento jurídico.
Con referencia a la disposición que establece, que si en el año 2010 se constituyeron SAS de acuerdo con la Ley 1258 de 2008, se deberán sumar los patrimonios líquidos poseídos a primero (1) de enero de 2011 por las personas naturales o jurídicas que la constituyeron y por la respectiva S.A.S. con el fin de determinar la sujeción al impuesto. Ante lo anterior, argumenta el demandante que esto no corresponde solo a una clara violación al principio de buena fe y de confianza legítima, sino que también implica vulneración al derecho fundamental de asociación, toda vez que si los accionistas no responden de ninguna obligación de carácter social, dentro de las cuales se encuentran las fiscales, la norma demandada trae como consecuencia en caso de que una persona haya constituido una SAS
durante la vigencia fiscal 2010 y haya enajenado las acciones, que se encuentre obligada a responder solidariamente con la sociedad, de la cual no es accionista, por el impuesto al patrimonio.

De lo anterior, termina concluyendo el demandante, que las disposiciones deberán ser declaradas inexequibles teniendo en cuenta que impone un carga tributaria indebida y excesiva al constituyente de una sociedad, lo cual agrede y vulnera el principio de eficacia y libera a los demás sujetos de los cuales sí es predicable una relación jurídica – tributaria respecto a la sociedad, por ejemplo los actuales accionistas, de la cual el accionista
constituyente es solidario.
Por último el demandante considera que el trámite surtido en la “Comisión de Conciliación” del cual se obtuvo el texto final de la Ley 1430 de 2010, viola el límite material de competencia funcional de dicha comisión según se extrae del artículo 161 de la Constitución Política. Así, se menciona, las palabras “S.A.S” y “escisión” según el actor, nunca fueron discutidas en cada una de las corporaciones legislativas, tal y como consta en las Gacetas Oficiales tampoco consta en los mensajes de urgencia planteados por el
Gobierno al Congreso de la República.
Por ende, es claro para el actor, que dicha comisión vulneró materialmente su función, toda vez que debió haberse pronunciado sobre aspectos que presentaran discrepancias en el trámite legislativo, más no regular un tema que no fue discutido en sesiones ordinarias ni en la plenaria correspondiente.

Fuente: Price waterhouse Coopers Tax Alert.

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