DIVORCIO TRIBUTARIO

Me pareciò interesante, espero a ustedes tambièn:

“El mar de las complejidades nacionales parece definitivamente insondable: entre los últimos acontecimientos contábamos con la declaratoria de “emergencia social”, que de sobreviviente no tuvo nada. Ahora enfrentamos reforma tributaria profunda, esta sí inesperada, por cuenta de Honorable Consejo de Estado que parece inclinado hacia la exégesis fiscal y el absoluto divorcio con la realidad económica mundial.

Es así como en sentencias de noviembre 2009, notificadas solo en enero de 2010 (una en proceso de Vidriería Fenicia SA y otra en juicio de Productos Roche), referentes ambas a reclamaciones por el impuesto de renta del año gravable 2002, la Corporación Jurisdiccional define aspectos como éstos:

  • La indemnización pagada a un trabajador despedido sin justa causa NO es deducible como gasto normal de operación, por cuanto nació en la violación del contrato por parte de un “empleador culpable”. Además corresponde a valor pagado por fuera de la relación laboral, que ha terminado en razón del despido. Y, finalmente, porque al estar roto el nexo empresa – trabajador, no existe relación de causalidad entre el pago que se efectúa y las actividades productoras de renta.
  • Una erogación se convierte en deducción cuando ha habido “verdadera necesidad de efectuarla, y que sin su realización sea imposible obtener la renta declarada”. Con este argumento, que pasa a la condición de “indispensable” aquello que en presencia del artículo 107 del Estatuto Tributario era “necesario”, lleva a rechazar conceptos como música ambiental, suscripción a publicaciones informativas y no técnicas (diarios de noticias), y patrocinios a eventos propios de relaciones públicas (torneo de golf, atención a clientes y similares).

La posición asumida por el máximo organismo de lo Contencioso Administrativo desconcierta y preocupa en extremo porque aparece desligada de su objetivo central cual es el de administrar justicia. Y es que ese valor dejaría de existir en lo tributario cuando la definición de la base gravable quedara al arbitrio subjetivo de los funcionarios fiscalizadores.

Qué podrá un funcionario administrativo calificar como de inmanente, indispensable e imposible de dejar de lado dentro de un proceso industrial, comercial o de servicios? Tendrá el funcionario DIAN suficientes conocimientos técnicos para valorar y censurar los procesos de fabricación o de prestación de servicios? Podrá un funcionario de impuestos saber si una línea de seguridad es o no indispensable, si una atención a clientes es superflua, o si un tiquete aéreo en vez de un desplazamiento terrestre resulta trascendental en un determinado momento de la organización?

Cae de su peso la sensata objetividad cuando a las oficinas de impuestos se deja abierta la facultad para establecer qué es “indispensable” dentro de una relación comercial. He aquí la apertura de un profundísimo abismo en cuyo fondo puede fenecer la buena imagen del sistema tributario nacional, arrastrando tras de si la indispensable certeza jurídica que ha de inspirar los negocios y, de contera, arriesgando la seguridad que buscan empresarios e inversionistas.

En nuestro respetuoso criterio el Honorable Consejo de Estado interpreta de manera excedida el artículo 107 del Estatuto Tributario, y de paso olvida la prevalencia del derecho sustancial sobre el meramente formal (artículo 228 de la Constitución Política), deja de lado los principios de equidad y eficiencia que fundan el sistema tributario (artículo 363 de la misma Carta Magna), y desconoce que el espíritu de justicia ha de estar presente en la discusión de los gravámenes (artículo 683, también del Estatuto Tributario).

De mantenerse la tesis jurisprudencial vamos camino al fiscalismo, la exégesis y la exacción fiscal, fenómenos que se traducirían en incremento de la tasa efectiva de tributación y, a muy corto plazo, generarían reacción de los particulares ante una administración del impuesto que entonces resultaría imbuida de equivocadas prácticas.

Más aún, se estaría abriendo paso a la informalidad que por contra busca desarraigarse y, lo peor, a un total desligamiento de lo tributario respecto de lo comercial y real.

Caerían también de su peso principios como los de confianza legítima y racionalidad de tributos, acercando así los límites a una peligrosa y dañina intención de hacer depender la administración tributaria de las necesidades presupuestales.

No es esto lo que busca el país, que una y otra vez aboga por un sistema tributario sencillo y transparente: los mencionados fallos del Consejo de Estado abren la puerta errada, pues la administración del impuesto podría pasar a caracterizarse por el subjetivismo de los señores funcionarios fiscalizadores.

No perdamos el norte. Mantengamos el buen camino por el que veníamos trasegando, en el que se comparte el tranquilo discurrir de contribuyentes y funcionarios DIAN comprometidos todos en el desarrollo nacional. Al desequilibrar la balanza podríamos tener una voracidad administrativa que diera al traste con las buenas intenciones de varios lustros.

Es hora entonces de ratificar la confianza en nuestros funcionarios de las oficinas de impuestos nacionales; de invitar a los gremios para que hagan presencia ante las entidades nacionales a fin de evitar una debacle en la administración de la cosa tributaria; y de presentar respetuosa sugerencia al Consejo de Estado a efecto de revisar tendencia desviada de la que debe ser administración de justicia con sentido real, de fondo y proyección.

Por: Luis Hernando Franco Murgueitio.
Director Franco Murgueitio & Asociados”

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